Delicias, Chih.— Representantes de distintos organismos empresariales y productivos de la región manifestaron de manera conjunta su rechazo al incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3% al 4%, propuesto por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, al considerar que tendrá un impacto directo, inmediato y negativo en la generación de empleo y la inversión.
Durante una rueda de prensa, participaron Armando Bejarano y Osiris Díaz por CANACO, Héctor Iracheta por COPARMEX, Vicente Bolívar por el sector tortillero, Luis Mario Díaz por COCENTRO, Jaime Verdugo como presidente del Colegio de Abogados, Óscar Márquez del Sistema Producto Leche, Alfredo Chávez en representación de Alejandro Licón, presidente de la Asociación de Nogaleros, y Gerardo Álvarez por el sector mueblero, quienes coincidieron en que la medida afectará a empresas de todos los tamaños.
Los dirigentes señalaron que el aumento no solo impacta a grandes empresas, sino también a pequeños empleadores e incluso a quienes cuentan con un solo trabajador. Indicaron que pasar del 3% al 4% no representa un aumento mínimo, sino un incremento real del 33% en la carga fiscal, lo que encarece de manera directa la contratación de personal.
Explicaron que, por cada trabajador con salario mínimo, el empleador tendría que pagar en promedio más de 300 pesos adicionales por concepto de este impuesto, lo que podría provocar una reducción en la creación de empleos, menor competitividad y condiciones menos atractivas para la inversión en sectores como el comercio, la agricultura, la ganadería, la industria, los servicios y las profesiones liberales.
Si bien reconocieron que como ciudadanos y empresarios existe la obligación constitucional de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, subrayaron que también corresponde al Estado generar condiciones para el desarrollo económico. En ese sentido, cuestionaron que se busque compensar la falta de recursos federales incrementando impuestos locales, cuando existen alternativas como revisar el esquema de coordinación fiscal vigente desde 1980.
Los representantes empresariales señalaron que, en caso de que el incremento al ISN sea aprobado, exigirán transparencia total en el uso de los recursos, claridad sobre el destino del dinero recaudado y que estos fondos se orienten verdaderamente a la generación de empleo y al desarrollo productivo.
Finalmente, propusieron que, si el Estado requiere mayores ingresos, estos se destinen a proyectos estratégicos como la tecnificación del campo, lo cual permitiría crear empleos permanentes y de calidad, en lugar de afectar directamente a quienes ya sostienen la economía local.
